ASENTAMIENTOS ILEGALES 

Existen aproximadamente 700.000 colonos judíos repartidos en más de 200  asentamientos ilegales, 300.000 de ellos en Cisjordania y el resto en  Jerusalén. 

El Derecho Internacional asegura que todos los asentamientos infringen el  artículo 47 del IV Convenio de Ginebra, que prohíbe de forma explícita la  anexión de tierras mediante el uso de la fuerza, un principio reafirmado en el  artículo 2(4) de la Carta de Naciones Unidas. 

La población de colonos, incluida la población judía de Jerusalén Este, ha  crecido a un ritmo del 5% o más durante los últimos 20 años, casi el cuádruple  que la población israelí en su conjunto. 

La Corte Penal Internacional declaró el 9 de julio de 2004 que los  asentamientos israelíes son ilegales y constituyen un obstáculo para la paz y el  desarrollo económico y social. 

La expulsión de personas y la confiscación de sus tierras para la construcción  de asentamientos es una violación a las normas del reglamento de La Haya de  1907, sobre la protección de la propiedad pública y privada de un territorio  ocupado. 

La Resolución 452, del 20 de julio de 1979, y 465, del 1 de marzo de 1980, del Consejo de Seguridad de la ONU, exhorta a Israel a que “desmantele los asentamientos existentes y, en especial, a que ponga fin urgentemente al establecimiento, la construcción y la planificación de asentamientos en los territorios árabes ocupados desde 1967, incluido Jerusalén”.

El 23 de diciembre de 2016 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución condenando la política de Israel de establecer asentamientos en territorio palestino, reafirmando que la adquisición de territorio por la fuerza resulta inadmisible, y que en tal medida los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados desde 1967, incluyendo Jerusalén Este, no  tienen validez legal y constituyen una flagrante violación al derecho  internacional y un gran obstáculo para alcanzar una solución de dos estados  (Palestina e Israel), así como una paz, justa, duradera y completa. 

El Gobierno israelí continúa ampliando las colonias y animando la inmigración  para consolidar su retención de los territorios ocupados. Las nuevas ciudades,  sólo para población judía, que está construyendo el Fondo Nacional Judío en  Israel, en el Negev y en Galilea, perpetúan la desposesión de la población  palestina. Mientras los asentamientos judíos incluyen casas modernas con  sistemas de distribución de electricidad y agua, los palestinos y palestinas 

viven en poblados no “reconocidos”, sin autorización para construir viviendas  para sus familias en su propia tierra. 

En 2019 Naciones Unidas declaró que los asentamientos israelíes en los  territorios palestinos ocupados son ilegales y constituyen una violación  flagrante del derecho internacional, según lo estipula la resolución 2334 del  Consejo de Seguridad