DESTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
El artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que: “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”.
Con la destrucción de viviendas Israel va extendiendo su territorio, expulsando a la población de sus tierras y colonizando dicha zonas. En los Territorios Ocupados, cada día se derriba una media de tres casas y, en algunos casos, las autoridades israelíes han dado órdenes de demolición que han derrumbado pueblos enteros. Estas demoliciones dejan a más de 300.000 palestinos bajo la amenaza constante de perder sus hogares.
La tasa de demoliciones ha aumentado significativamente desde la Segunda Intifada, que daba comienzo en el año 2000 y, según muestra un estudio de Save The Children, estas demoliciones han pasado a convertirse en la causa principal de desplazamiento forzado en el Territorio Ocupado.
1948, Israel comenzó a demoler las casas de la población refugiada palestina para prevenir su vuelta. Más de 125.000 casas fueron destruidas en un proceso llamado “limpiar las vistas nacionales”. (Comité Israelí Contra las Demoliciones de Casas, ICAHD).
Desde 1967 más de 30.000 viviendas han sido destruidas por las Fuerzas de Ocupación israelíes.
Según el informe “Hogares Destruidos” elaborado en 2009 por Save the Children, en colaboración con el Centro de la Consejería Palestina y la Asociación para el Bienestar:
Junto a las casas son destruidas miles de hectáreas de tierras cultivadas, plantaciones de olivos, centenares de pozos de agua, fabricas, granjas, carreteras y edificios públicos. La construcción del Muro del apartheid se ha constituido en una nueva vía para la confiscación y destrucción de tierras palestinas por manos israelíes.
Las Fuerzas de Ocupación israelíes suelen demoler las casas palestinas aludiendo razones administrativas o por considerar que se han construido sin permiso.
La demolición de casas constituye, además, un acto ilegítimo de desalojo forzoso, que viola el Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.